Sentencia A. 586/26

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TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-586/26

 

RECURSO DE SUPLICA CONTRA RECHAZO DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos de procedencia

 

RECURSO DE SUPLICA CONTRA AUTO QUE RECHAZA DEMANDA-Demandante debe efectuar razonamiento m�nimo para constatar yerro o arbitrariedad

 

RECURSO DE SUPLICA CONTRA RECHAZO DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Incumplimiento de la carga argumentativa

 

REP�BLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 586 DE 2026

 

 

Referencia: expediente D-17221

 

Asunto: recurso de s�plica contra el auto del 27 de marzo de 2026 que rechaz� la demanda de inconstitucionalidad contra el art�culo 123 de la Ley 1952 de 2019

 

Recurrente: Kenneth Santiago Rodr�guez Ram�rez

 

Magistrado ponente:

Juan Carlos Cort�s Gonz�lez

 

Bogot� D.C., seis (6) de mayo de dos mil veintis�is (2026)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el art�culo 6� del Decreto 2067 de 1991 y el art�culo 49 del Acuerdo 01 de 2025 (Reglamento Interno de la Corte), profiere el presente auto con fundamento en los siguientes

 

I.    ANTECEDENTES

 

1. La demanda de inconstitucionalidad[1]

 

1. El 13 de enero de 2026, Kenneth Santiago Rodr�guez Ram�rez, en ejercicio de la acci�n p�blica de inconstitucionalidad, instaur� demanda contra el art�culo 123 de la Ley 1952 de 2019 �[p]or medio de la cual se expide el C�digo General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario�.

 

2. El accionante se�al� que la disposici�n acusada, que se refiere a la notificaci�n de las decisiones interlocutorias, desconoce los art�culos 13 y 29 de la Constituci�n y solicit� (i) declarar la exequibilidad condicionada de la norma acusada en el entendido de que el procedimiento de notificaci�n all� previsto aplica a todas las decisiones interlocutorias disciplinarias que afecten la situaci�n jur�dica del investigado y, (ii) de forma subsidiaria, declarar la inexequibilidad del art�culo 123 demandado. Para sustentar la acusaci�n, el actor formul� cuatro cargos en la forma como se describe a continuaci�n.

 

3. Primer cargo. Violaci�n del debido proceso en materia disciplinaria por indeterminaci�n normativa (art�culo 29 CP). El actor se�al� que la disposici�n acusada incurre en una indeterminaci�n normativa que transgrede el debido proceso, por lo que a su juicio resulta incompatible con el art�culo 29 superior y la jurisprudencia constitucional, seg�n los cuales, las reglas procedimentales deben ser claras, precisas y previsibles.

 

4. En particular, el accionante cuestion� que mientras el encabezado del art�culo demandado hace referencia a la notificaci�n de las decisiones interlocutorias, su inciso final restringe aparentemente dicho procedimiento �nicamente al �auto de cierre de la investigaci�n y traslado para alegatos precalificatorios y el traslado del dictamen pericial para la etapa de investigaci�n�. Se�al� que esta redacci�n impide determinar con claridad si el procedimiento all� descrito es verdaderamente general o si, por el contrario, el legislador opt� por una regulaci�n taxativa y excluyente.

 

5. Al respecto, el demandante se�al� que la norma acusada ha debido incluir la palabra �tambi�n� o remitir expresamente a �las dem�s decisiones interlocutorias�, para que se pueda entender que las notificaciones previstas en el art�culo 123 de la Ley 1952 de 2019 aplica a todas ellas pues, al no hacerlo, �la norma proyecta un sentido de cerramiento normativo, incompatible con el encabezado general del art�culo�.

 

6. Segundo cargo. Violaci�n del principio de legalidad (art�culo 29 CP). El accionante sostuvo que el art�culo 123 de la Ley 1952 de 2019 no permite prever con certeza el r�gimen de notificaci�n aplicable a todas las decisiones interlocutorias que se dicten en procesos disciplinarios. Refiri� que ello incide de manera directa en la situaci�n jur�dica del investigado, lo que a su juicio vulnera el principio de legalidad en materia sancionatoria, el cual no se limita a la tipificaci�n de conductas y sanciones, sino que se extiende a la determinaci�n clara del procedimiento para ejercer la potestad disciplinaria.

 

7. Tercer cargo. Desconocimiento del principio de igualdad (art�culo 13 CP). El demandante afirm� que la ambig�edad se�alada respecto de la norma en cuesti�n genera un tratamiento desigual entre disciplinados que se encuentran en id�ntica situaci�n f�ctica y jur�dica porque, dependiendo del criterio interpretativo adoptado por cada despacho disciplinario, una misma decisi�n interlocutoria puede ser notificada bajo procedimientos distintos, con consecuencias diversas en t�rminos de oportunidad para ejercer la defensa y acceder a los recursos. Al respecto, sostuvo que esta diferenciaci�n carece de justificaci�n constitucional objetiva y razonable.

 

8. Cuarto cargo. Jurisprudencia sobre interpretaci�n taxativa en materia sancionatoria. El actor se�al� que la Corte Constitucional ha reiterado que las normas sancionatorias deben interpretarse de manera taxativa debido a que a trav�s de ellas el Estado ejerce el ius puniendi. Refiri� que en las sentencias C-559 de 1999, C-739 de 2000 y C-030 de 2019 se indic� que no es admisible extender por analog�a o interpretaci�n extensiva los alcances de normas disciplinarias o sancionatorias cuando ello afecta garant�as constitucionales.

 

2. Auto de inadmisi�n de la demanda[2]

 

9. El 5 de marzo de 2026, el magistrado sustanciador, H�ctor Alfonso Carvajal Londo�o, inadmiti� la demanda por (i) el incumplimiento de los supuestos argumentativos de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, y (ii) la falta de acreditaci�n de la carga argumentativa aplicable al cargo por violaci�n del principio de igualdad.

 

10. Falta de certeza. En el auto inadmisorio se indic� que la demanda no se dirige contra una proposici�n jur�dica real y existente contenida en la disposici�n acusada, debido a que los cargos no recaen sobre el sentido normativo que se desprende del texto legal, sino sobre una interpretaci�n subjetiva del actor, quien le atribuye al art�culo un alcance excluyente respecto de decisiones interlocutorias distintas a las que se enuncian en el inciso final del art�culo demandado.

 

11. Falta de especificidad. El magistrado sustanciador consider� que ninguno de los cargos formulados en la demanda se deriva del contenido normativo de la disposici�n acusada, sino que se basaron en hip�tesis interpretativas y en los eventuales efectos derivados de su aplicaci�n, porque el actor refiri� que la disposici�n s�lo cobija los autos interlocutorios mencionados en la parte final del art�culo acusado y que ello genera inseguridad jur�dica. En esa medida, en el auto se determin� que en la demanda no se ofrecieron razones concretas, objetivas y verificables que evidencien una oposici�n directa entre la norma acusada y el par�metro constitucional invocado.�

 

12. Falta de pertinencia. En el auto de inadmisi�n se indic� que en ninguno de los cargos se desarroll� un reproche de �ndole constitucional por cuanto el demandante omiti� explicar con claridad el alcance o contenido de la norma acusada a la luz de la Constituci�n. Indic� que la censura no estuvo sustentada en una confrontaci�n objetiva con el tenor literal de la norma constitucional invocada ni en precedentes relevantes de esta Corte, sino que se fundament� en apreciaciones subjetivas y en consideraciones de car�cter interpretativo hechas por el accionante.

 

13. Falta de suficiencia. El magistrado sustanciador determin� que la demanda no suscit� una duda m�nima sobre la inconstitucionalidad de la disposici�n demandada y que el incumplimiento de los supuestos previamente mencionados implic� que la censura no tuviese la fuerza argumentativa necesaria para justificar que se active un juicio de fondo.

 

14. Incumplimiento de la carga argumentativa aplicable a la censura por la vulneraci�n del principio de igualdad. En el auto de inadmisi�n se indic� que el actor no identific� las situaciones comparables debido a que, a pesar de que en la demanda se afirm� que la disposici�n acusada presenta una indeterminaci�n normativa que afecta el debido proceso disciplinario por restringir su aplicaci�n al auto de cierre de la investigaci�n, al traslado para alegatos precalificatorios y al de traslado del dictamen pericial para la etapa de investigaci�n, no precis� en cu�l norma sustenta dicha conclusi�n ni explic� c�mo se desprende la restricci�n alegada de la norma cuestionada, teniendo en cuenta el tenor de la disposici�n demandada, que hace referencia de manera general a los autos interlocutorios sin distinci�n alguna.

 

3. Escrito de correcci�n de la demanda[3]

 

15. El 9 de marzo de 2026 el accionante present� escrito de correcci�n y ampliaci�n de la demanda. Inicialmente, se�al� que el problema jur�dico gira en torno a si la norma acusada es inconstitucional por introducir una ambigüedad sobre el r�gimen de notificaci�n de las decisiones interlocutorias que se imparten en los procesos disciplinarios que (i) impacta el c�mputo de t�rminos y la posibilidad de interponer recursos y (ii) produce un trato diferenciado injustificado entre decisiones interlocutorias comparables.

 

16. Respecto del primer cargo el actor explic� que la norma acusada genera una indeterminaci�n con efectos directos sobre los t�rminos y recursos. Se�al� que la disposici�n perfila una secuencia de comunicaci�n, compuesta por la comunicaci�n, la presunci�n de recibo y la notificaci�n por estado. Al respecto, reproch� que la expresi�n �de esta forma�, incluida en el inciso final del art�culo 123 demandado, puede entenderse como una limitaci�n a dos actos espec�ficos, lo que abre dos interpretaciones antag�nicas respecto de otras decisiones interlocutorias relevantes como la apertura, decisiones probatorias, negaci�n de pruebas y medidas provisionales. Asimismo, se�al� que lo anterior incide en el c�mputo de los t�rminos para recurrir, lo cual impacta en la efectividad del derecho de defensa y contradicci�n.

 

17. Sobre el segundo cargo el demandante se�al� que existen decisiones interlocutorias comparables, como la de apertura, de decreto o negaci�n de pruebas y medidas provisionales. Al respecto, afirm� la referencia expresa �nicamente al auto de cierre de investigaci�n y al traslado del dictamen pericial lo que permite tratamientos dis�miles de notificaci�n sin una justificaci�n constitucional suficiente. A partir de ello, sostuvo que se configura una diferenciaci�n normativa carente de razonabilidad y proporcionalidad.

 

18. En adici�n a lo anterior en el escrito de correcci�n se incluy� un cargo subsidiario por omisi�n legislativa relativa[4]. El accionante se�al� que �(i) existe una regulaci�n del r�gimen de notificaci�n de interlocutorios; (ii) se omiten supuestos claramente asimilables; (iii) no hay raz�n suficiente para la exclusi�n; (iv) el vac�o produce trato desigual y afecta el debido proceso; y (v) procede una sentencia integradora o, en su defecto, la expulsi�n del aparte que restringe injustificadamente el alcance de la regla�[5].

 

4. Auto de rechazo[6]

 

19. El 27 de marzo de 2026 el despacho sustanciador rechaz� la demanda debido a que no se subsanaron las deficiencias argumentativas advertidas en la inadmisi�n, conforme la argumentaci�n que se sintetiza a continuaci�n.

 

20. Falta de certeza. El magistrado sustanciador indic� que en relaci�n con la presunta vulneraci�n del derecho al debido proceso el accionante no subsan� la omisi�n advertida en la inadmisi�n, porque insisti� en una interpretaci�n subjetiva de la norma acusada que no corresponde con su tenor literal. Ello, por cuanto el art�culo acusado establece expresamente que se refiere a la notificaci�n de las decisiones interlocutorias, lo cual desvirt�a el entendimiento restrictivo que propuso el accionante.

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21. Falta de especificidad. En el auto de rechazo se estableci� que, aunque el actor propuso una presunta omisi�n legislativa relativa, aquel insisti� en que la disposici�n acusada excluye los autos interlocutorios distintos de los que se mencionan en el �ltimo inciso del art�culo 123 demandado, sin que hubiese formulado una raz�n objetiva y verificable que sustente la conclusi�n del actor. En consecuencia, la correcci�n se limit� a reiterar y sintetizar los argumentos expuestos en la demanda inicial.

 

22. Falta de pertinencia. El magistrado sustanciador se�al� que, a pesar de que en el auto de rechazo se advirti� que el accionante omiti� explicar el alcance o contenido de la norma acusada a la luz de la Carta, el actor persisti� en formular apreciaciones de car�cter subjetivo e interpretativo, sin sustentar argumentos de naturaleza constitucional.

 

23. Falta de suficiencia. Los requerimientos efectuados en la inadmisi�n no fueron resueltos debido a que los argumentos continuaron bas�ndose en apreciaciones interpretativas hechas por el accionante, quien sigui� insistiendo en afirmar que la norma demandada solo se refiere a los dos autos mencionados en el art�culo, excluyendo los dem�s autos interlocutorios.

 

24. Cargo por vulneraci�n del principio de igualdad. El magistrado sustanciador determin� que no se subsan� lo advertido respecto de este cargo porque el demandante hizo referencia a que una misma decisi�n interlocutoria podr�a notificarse mediante procedimientos distintos, sin identificar las situaciones comparables.

 

25. Al respecto, ese despacho se�al� que, aunque en el escrito de correcci�n se afirm� que existen decisiones interlocutorias como el auto de apertura, el que decreta o niega pruebas y las medidas provisionales que, seg�n el actor, son comparables por su incidencia en el tr�mite procesal y en el ejercicio del derecho de defensa, la censura se limit� a enunciarlas de manera general, sin precisar de qu� forma concreta se configura la afectaci�n del principio de igualdad respecto de dichas decisiones. Adem�s, en el auto de rechazo se indic� que el actor no identific� la disposici�n que sirviera como sustento para se�alar el trato diferenciado alegado.

 

5. Recurso de s�plica[7]

 

26. El 7 de abril de 2026, la Secretar�a General de la Corte Constitucional recibi� el recurso de s�plica contra el auto de rechazo de la demanda.�

 

27. En primer lugar, el accionante hizo referencia a un yerro en el encabezado del auto de rechazo debido a que en el asunto de su p�gina inicial se indic� que la demanda se dirige �contra el numeral 5� del art�culo 151 de la Ley 270 de 1996�, pese a que el contenido de la providencia reconoce que la demanda se dirigi� contra el art�culo 123 de la Ley 1952 de 2019. Se�al� que esta inconsistencia no constituye el fundamento principal del recurso, pero evidencia un problema de congruencia formal que refuerza la necesidad de un control estricto de la motivaci�n en el juicio de admisibilidad.

 

28. En segundo lugar, el accionante sustent� el recurso de s�plica con fundamento en que se presentaron una serie de yerros en el estudio de aptitud, como procede a sintetizarse.

 

29. �Error en certeza: la censura recae sobre una ambig�edad real y existente�[8]. El actor afirm� que, contrario a lo indicado en el auto de rechazo, la censura cumple con el presupuesto de certeza. Al respecto, refiri� que la acusaci�n parte de un hecho verificable en el texto: la inclusi�n de la expresi�n del inciso final que establece que �[d]e esta forma se notificar� el auto de cierre de la investigaci�n... y el traslado del dictamen pericial...�, debido a que introduce una ambivalencia normativa razonable acerca del alcance del procedimiento descrito para la �notificaci�n de decisiones interlocutorias�.

 

30. Para desarrollar este aspecto el recurrente explic� el contenido del art�culo 123 demandado y se�al� que este presenta una ambig�edad porque en su encabezado prev� una regla general relativa a la notificaci�n de decisiones interlocutorias, pero que en el inciso final se inicia con la expresi�n �de esta forma�, lo que da lugar a dos lecturas contradictorias: (i) que el procedimiento previsto en la norma aplica a las decisiones interlocutorias y que la enunciaci�n del �ltimo inciso es meramente enunciativa o (ii) que la aludida frase opera como una regla especial aplicable a los eventos previstos en el inciso final del art�culo demandado[9].

 

31. �Error en especificidad: existe oposici�n objetiva con el art�culo 29 superior�[10]. El recurrente sostuvo que, contrario a lo indicado en el auto de rechazo, la oposici�n fue planteada de forma concreta debido a que el art�culo 29 de la Constituci�n exige reglas procedimentales previsibles y garant�as efectivas de defensa y, en materia administrativa sancionatoria, la notificaci�n de las decisiones constituye un presupuesto para ejercer los derechos de defensa y contradicci�n. Al respecto, el actor insisti� en que la censura contiene un punto normativo espec�fico y verificable, en cuanto a que el inciso final del art�culo 123 introduce una f�rmula que permite lecturas divergentes sobre el alcance del procedimiento de notificaci�n de autos interlocutorios.

 

32. �Error en pertinencia: el reproche es constitucional, no meramente interpretativo�[11]. El actor afirm� que su reproche es de naturaleza constitucional en la medida en que no busca discutir cu�l es la mejor interpretaci�n como asunto de legalidad, sino que su censura consiste en que el legislador, al redactar una regla de notificaci�n en materia disciplinaria, emple� una cl�usula final que genera incertidumbre sobre el r�gimen aplicable y habilita tratamientos procesales divergentes que pueden comprometer las garant�as del investigado. Se�al� que su planteamiento no se trata de un asunto de aplicaci�n sino que, por la estructura de la norma, se deja abierto un margen de indeterminaci�n relevante en materia de notificaciones.

 

33. Error en suficiencia: existe una duda m�nima de constitucionalidad que exige debate de fondo. El accionante adujo que, contrario a lo indicado en el auto de rechazo, la demanda s� despierta una duda m�nima sobre la constitucionalidad de la norma acusada. Al respecto sostuvo que la sola contrastaci�n del inciso final del art�culo demandado, que contiene la expresi�n �De esta forma... se notificar� [solo]...�, puede entenderse como cierre limitativo, y que dicho texto se contradice con el t�tulo de la norma, �Notificaci�n de decisiones interlocutorias�. Con este sustento, el solicitante adujo que existe justificaci�n para que la Corte Constitucional efect�e un estudio de fondo.

 

34. Igualdad (art. 13): la carga m�nima de admisi�n no se agota con el juicio de fondo[12]. El actor afirm� que en la demanda se propuso un criterio de comparaci�n consistente en las decisiones interlocutorias que inciden en el derecho de defensa y en cargas procesales relevantes para el investigado. Refiri� que existe un trato distinto derivado del inciso final del art�culo demandado, que se refiere a dos actuaciones (los autos de cierre y traslado del dictamen), debido a que la norma no menciona otras decisiones interlocutorias con impacto equivalente.

 

35. Con base en lo anterior, el recurrente solicit� que se revoque el auto de rechazo y, en su lugar, se admita la demanda de inconstitucionalidad contra la expresi�n final del art�culo 123 de la Ley 1952 de 2019[13].

 

II.     CONSIDERACIONES

 

36. �Reiteraci�n de jurisprudencia sobre el recurso de s�plica. El inciso 2 del art�culo 6 del Decreto Ley 2067 de 1991[14] se�ala que contra el auto de rechazo de una demanda de inconstitucionalidad procede el recurso de s�plica ante la Sala Plena de la Corte Constitucional. Sobre dicho recurso la jurisprudencia de esta corporaci�n ha destacado los siguientes aspectos:

 

Tabla 1. Recurso de s�plica en la acci�n de inconstitucionalidad

 

III.           AN�LISIS DEL RECURSO DE S�PLICA

 

37. El recurso de s�plica satisface el presupuesto de legitimaci�n por activa. En efecto, se encuentra acreditado que Kenneth Santiago Rodr�guez Ram�rez es la misma persona que present� la demanda de inconstitucionalidad dentro del presente proceso. Asimismo, en la fase de admisi�n, el demandante aport� copia de su c�dula de ciudadan�a, por lo que acredit� su condici�n de ciudadano colombiano[24].

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38. De otra parte, el recurso de s�plica fue presentado oportunamente, puesto que la impugnaci�n fue radicada dentro del t�rmino de ejecutoria del auto de rechazo del 27 de marzo de 2026. Esta providencia fue notificada por medio de estado del 7 de abril de 2026. Seg�n informe de la Secretar�a General de la Corte Constitucional[25], el t�rmino de ejecutoria del referido auto corri� durante los d�as 8, 9 y 10 de abril de 2026. El recurso de s�plica fue presentado el 7 de abril de 2026, es decir, antes del vencimiento de dicho t�rmino.

 

39. El recurso de s�plica examinado ser� rechazado por falta de carga argumentativa. Aunque el escrito cumple con los requisitos de oportunidad y de legitimaci�n, la Sala Plena de la Corte Constitucional rechazar� el recurso de s�plica por el incumplimiento de la carga argumentativa m�nima para su estudio de fondo debido a que ninguno de los argumentos del mismo ofrece justificaci�n respecto a que el auto de rechazo del 27 de marzo de 2026 hubiese incurrido en alg�n yerro, olvido o arbitrariedad.

 

40. En primera medida, a pesar de que el accionante se�al� que en el asunto de la primera p�gina del auto del 27 de marzo de 2026 se hizo referencia a una norma distinta a la disposici�n cuestionada dentro del presente proceso de inconstitucionalidad, no ofreci� explicaci�n respecto a que, por esta circunstancia, la providencia de rechazo hubiese obedecido a criterios equivocados, arbitrarios o caprichosos. Contrario a ello, en su memorial el propio recurrente asumi� que se trat� de una inconsistencia meramente formal y que, en realidad, el auto cuestionado es consistente en cuanto a que la demanda se dirigi� en contra del art�culo 123 de la Ley 1952 de 2019[26].

 

41. En efecto, la inconsistencia formal advertida en el encabezado del auto de rechazo carece de entidad sustancial debido a que, a partir de una lectura sistem�tica de la providencia, ese detalle no compromete la correcta identificaci�n de la norma objeto de control ni incide en la estructura argumentativa de aquella. Resulta claro entonces que, m�s all� de evidenciar una imprecisi�n formal, el recurrente no demostr�, ni siquiera de manera sumaria, que dicho detalle de forma haya incidido en el juicio de aptitud de la demanda o que la decisi�n de rechazo hubiese respondido a criterios equivocados, arbitrarios o caprichosos. Por el contrario, el reconocimiento expreso del car�cter meramente formal de la inconsistencia pone en evidencia la ausencia de carga argumentativa del recurso, pues el reproche no supera el plano descriptivo ni alcanza a activar el est�ndar exigido en sede de s�plica para cuestionar la validez de la providencia.

 

42. Por tal motivo, en este primer cuestionamiento al auto de rechazo no se refleja una argumentaci�n m�nima a efectos de la contrastaci�n de los fundamentos esgrimidos por el magistrado sustanciador.

 

43. Por otra parte, si bien en el recurso de s�plica se calificaron como errores los motivos por los cuales en el auto de rechazo se determin� que la acusaci�n no satisfizo los presupuestos de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, ni la carga argumentativa aplicable al cargo por transgresi�n del principio de igualdad, lo cierto es que en el contenido argumentativo del ac�pite 3) del memorial presentado no se ofrecieron explicaciones concretas sobre los errores que el recurrente mencion�. En lugar de ello, en el desarrollo de cada uno de los reproches formulados en el recurso se replicaron y profundizaron los planteamientos de la demanda y del escrito de correcci�n, adem�s de se�alar brevemente consideraciones sobre su desacuerdo con la decisi�n de rechazo.

 

44. Con todo, al verificar cada uno de los se�alamientos que se incorporaron en el apartado del recurso titulado �yerros en el juicio de aptitud�, la Sala Plena identifica que el recurrente se centr� en cuestionar las razones por las cuales el magistrado sustanciador estim� que el escrito de correcci�n no subsan� las deficiencias que hab�an sido advertidas en la inadmisi�n, pero sin aportar ni precisar cu�les fueron los requisitos supuestamente errados o en qu� aspectos se configuraron las alegadas irregularidades en que se motiv� la decisi�n del auto de rechazo.

 

45. De este modo, el contenido del recurso de s�plica analizado permite determinar que este medio de impugnaci�n se utiliz� para reiterar los argumentos en que se fund� la acusaci�n y que fueron objeto del rechazo debido a la falta de subsanaci�n de la demanda. En efecto, resulta claro que el recurrente no present� argumentos seg�n el objeto propio del recurso de s�plica, sino que se dirigi� a insistir en los argumentos de su demanda y de su escrito de subsanaci�n, as� como a exponer sus desacuerdos frente al estudio de aptitud de la acusaci�n. Todo lo anterior permite concluir que los motivos de disenso planteados por el accionante en el recurso no logran evidenciar falencias en las consideraciones que adujo el magistrado sustanciador para rechazar su demanda.

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46. Sobre lo anterior, la Corte Constitucional ha sostenido que �los criterios de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia son importantes herramientas de an�lisis constitucional para evaluar la aptitud de una demandadas; por lo que la simple inconformidad con estos no conllevan la procedencia de la s�plica puesto que �tales argumentos, m�s all� de reflejar el malestar del demandante con la l�nea jurisprudencial que al respecto ha sostenido la Corte durante m�s de dos d�cadas, no dan cuenta de ning�n yerro en la providencia cuestionada, como tampoco contribuyen a la comprensi�n de las razones por las cuales las expresiones demandadas resultar�an contrarias a la Carta��[27].

 

47. En conclusi�n, el recurso de s�plica ha de ser rechazado debido a que no cumpli� con la carga argumentativa exigida para su tr�mite en los t�rminos dispuestos por la jurisprudencia constitucional, puesto que ninguna de las formulaciones realizadas por el recurrente se dirigi� a demostrar la ocurrencia de alg�n yerro, olvido o arbitrariedad en el auto de rechazo.

 

48. Finalmente, se advierte al accionante que el rechazo de una demanda de inconstitucionalidad no hace tr�nsito a cosa juzgada ni restringe el derecho de presentar una nueva demanda de inconstitucionalidad, en la que se cumplan las exigencias de los art�culos 40.6 y 241 superiores, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 2067 de 1991 y en la jurisprudencia constitucional.

 

IV.  DECISI�N

 

En m�rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE

 

PRIMERO. RECHAZAR por improcedente, al incumplir el requisito de carga argumentativa, el recurso de s�plica interpuesto por Kenneth Santiago Rodr�guez Ram�rez contra el auto del 27 de marzo de 2026, que rechaz� la demanda de inconstitucionalidad en el expediente D-17221.

 

SEGUNDO. Contra esta providencia no procede recurso alguno.

 

TERCERO. Ejecutoriada esta decisi�n, ARCHIVAR el expediente D-17221.

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA �NGEL CABO

Magistrada

 

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO�O

Magistrado

No participa

 

 

 

JUAN CARLOS CORT�S GONZ�LEZ

Magistrado

 

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MART�NEZ

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IB��EZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

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